La norma vigente desde 2013 obligaba a los organismos de la Administración Pública Nacional utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas.

La normativa original formaba parte del marco regulatorio establecido por el Decreto 1191/2012, que buscaba priorizar la contratación con empresas en las que el Estado Nacional tuviera participación accionaria. No obstante, con el Decreto 70/2023 que declaró la emergencia pública en múltiples aspectos hasta 2025, se introdujo un programa de desregulación que limitó los beneficios otorgados a dichas compañías, y el posterior Decreto 747/2024 eliminó específicamente la obligatoriedad de dichas contrataciones.  

Guillermo Francos, jefe de Gabinete,  y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, a través de la medida publicada hoy en el Boletín Oficial bajo la Decisión Administrativa 1017/2024, argumentaron que la medida busca garantizar un régimen de contrataciones más equitativo, basado en licitaciones públicas y concursos que fomenten la transparencia y promuevan la concurrencia. La decisión entra en vigencia a partir de su publicación.  

Con esta modificación, el Gobierno apuesta por una política de “competencia abierta” que permite a los organismos públicos optar por proveedores en función de criterios económicos y operativos, sin restricciones vinculadas a la titularidad estatal.