La Corte ratificó el precedente “Levinas” y reafirmó que el TSJ es el tribunal superior de la causa.

“Tenemos la convicción de que la Ciudad debe ser plenamente autónoma. Contar con las competencias judiciales, laborales, penales y civiles que nos corresponden nos va a permitir dar respuestas más rápidas, cercanas y eficientes a los porteños. La Corte Suprema volvió a ratificar que estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando para concretar la transferencia de competencias de manera coordinada, progresiva y consensuada con la Nación”, escribió en sus redes sociales el ministro de  Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia.

La declaración se dio luego de  que la Corte Suprema de la Nación ratificó el precedente “Levinas” y reafirmó que el Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) es el tribunal superior de la causa. Esto implica que dicho tribunal tiene competencia para revisar las sentencias de las Cámaras Nacionales de Apelaciones con sede en la Ciudad de Buenos Aires, reafirmando un poder de revisión que fue discutido y resistido.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Patricia Moltoni (Cámara Federal de Santiago del Estero) y Pablo Candisano Mera (Cámara Federal de Bahía Blanca). El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, siguiendo su criterio fijado en el fallo Levinas.

El caso que permitió revalidar el criterio fue “Carol, María Luisa c/ Haras del Moro S.A. y otros”, una causa civil que giraba en torno a la validez de una compraventa formalizada en escritura pública. Tras una serie de idas y vueltas procesales, donde la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y el TSJ se enfrentaron sobre quién debía intervenir, la controversia fue elevada a la Corte Suprema, que volvió a respaldar el rol del TSJ porteño como máxima instancia revisora en el ámbito de la justicia nacional ordinaria en la Ciudad.

En igual sentido que el fallo dictado en diciembre pasado, antes de la jubilación de Juan Carlos Maqueda, la Corte no hizo ninguna alusión al traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la órbita porteña, sino que siguió los lineamientos de decisiones anteriores y reafirmó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires como entidad federada, reconociendo su capacidad para tener un propio poder judicial y un tribunal superior.