La magistrada suspendió la orden para investigar los activos de la compañía que pueden ser embargados. 

La justicia de Estados Unidos accedió en las últimas horas a un pedido de YPF mientras espera a una audiencia clave prevista para los próximos días. Con esa decisión, la jueza Loretta Preska suspendió la orden de discovery de alter ego, es decir, la investigación de los activos de la petrolera que pueden ser embargados.

En septiembre de 2023, Preska sentenció a Argentina a pagar USD 16.100 millones al fondo buitre Burford Capital por la expropiación de YPF en 2012. Para que el país pudiera apelar sin tener que pagar inmediatamente, la jueza exigió la presentación de garantías, como acciones de la empresa o cuentas por cobrar de la represa Yacyretá. Al no presentarse estos avales antes del plazo límite fijado en enero de 2024, la jueza habilitó a los demandantes a buscar bienes para embargar.

El abogado y director de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, Sebastián Soler, explicó en X que esta suspensión se mantendrá algunos meses hasta que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resuelva la apelación del fallo con el que Preska condenó a Argentina y favoreció a los fondos Petersen y Eton Park, que a su vez vendieron el derecho a litigar al Buford Capital.

El grupo Petersen pertenece a la familia argentina Eskenazi. Entre 2008 y 2011, compraron el 25% de YPF a la española Repsol a través de un mecanismo curioso: pagaban las cuotas de las acciones con los propios dividendos (ganancias) que generaba la petrolera. Cuando el Estado expropió el 51% de YPF en 2012, intervino la empresa y prohibió el reparto de dividendos. Sin ese dinero, las empresas Petersen no pudieron pagar sus deudas, entraron en quiebra en España y perdieron sus acciones.

Buford Capital es un fondo de inversión británico especializado en financiamiento de litigios. No es una petrolera ni un banco, sino un bufete que “compra” juicios que otros no pueden o no quieren pagar para llevarlos adelante y quedarse con la ganancia. En 2015 pagó 15 millones de euros por los derechos del juicio que le pertenecían al grupo Petersen.

Sin embargo, la jueza Preska finalmente estableció que el 10 de enero tiene que haber algún avance en la entrega de información y fijó una nueva audiencia para el 29. En paralelo, la Argentina espera por la Resolución de apelación que presentó en la Corte de Apelaciones sobre la causa principal de la expropiación.