La Cámara baja convirtió en ley la modificación de la norma de 2010, habilitando a las provincias a definir qué zonas glaciares pueden abrirse a la minería. La oposición anuncia la judicialización.

A las 2.30 de la madrugada del jueves 9 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares luego de más de 11 horas de debate. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, con 5 legisladores ausentes.

Además de La Libertad Avanza, votaron a favor el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), y legisladores de Encuentro Federal, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz. La sesión contó con la presencia de Karina Milei, quien ingresó al recinto alrededor de las 22 horas y se ubicó en el palco de la presidencia de la Cámara para observar el último tramo del debate. 

Qué cambia
La reforma redefine el objeto de protección, limitándolo a aquellos glaciares y ambientes periglaciares que cumplan “funciones hídricas” específicas. Asimismo, el IANIGLA —que antes tenía el rol científico central en la identificación de glaciares— pasa a cumplir un rol meramente registral. En la práctica, la nueva ley otorga mayor potestad a las provincias para definir, mediante estudios técnicos propios, qué áreas quedan sujetas a resguardo y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería.

Desde el oficialismo argumentaron que la iniciativa permitiría destrabar inversiones por unos 20.000 millones de dólares, principalmente en proyectos de cobre y litio.

Las voces en contra
La oposición fue contundente en su rechazo. El diputado Martín Lousteau advirtió que “equivocarnos acá afecta el futuro y a millones de habitantes”.Por su parte, organizaciones ambientales denunciaron que la reforma es una “regresión ambiental inconstitucional” que vulnera el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió. Sectores opositores y ambientalistas ya anticiparon que buscarán impugnar la norma ante la Justicia.