Durante la reunión de la mesa política, Diego Santilli repasó un listado de 38 senadores que el oficialismo considera potenciales aliados. Sin embargo, la iniciativa todavía no consiguió las firmas necesarias en comisión y las negociaciones continúan abiertas. La suspensión de las PASO y la incorporación de listas colectoras concentran las principales diferencias. El Gobierno apunta al 26 de noviembre para llevar el proyecto al recinto.

El Gobierno de Javier Milei busca acelerar la reforma electoral, pero la negociación parlamentaria todavía presenta obstáculos. Este martes, durante una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, repasó uno por uno los 38 votos que el oficialismo considera posibles para avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. Sin embargo, horas después, el Senado volvió a mostrar que la distancia entre las expectativas de la Casa Rosada y los acuerdos efectivamente cerrados todavía es significativa.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta no consiguió reunir las firmas necesarias para emitir dictamen y resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles al mediodía. El oficialismo necesitaba diez firmas para avanzar con el proyecto y, según el relevamiento de LA NACION, contaba con ocho respaldos asegurados.

La diferencia entre los números que maneja el Gobierno y los apoyos confirmados en el Congreso expone el principal desafío de la estrategia oficial: transformar las conversaciones con gobernadores y bloques dialoguistas en compromisos concretos de votación.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Santilli presentó durante la reunión de la mesa política un listado de 38 senadores que respaldarían la iniciativa. El cálculo contempla a los 21 integrantes de La Libertad Avanza, diez radicales, tres representantes del PRO y cuatro legisladores vinculados a gobernadores provinciales. En Balcarce 50, incluso, aspiran a superar los 40 respaldos para garantizar las condiciones políticas necesarias para convocar a una sesión.

Sin embargo, ese número representa el conteo que realiza el oficialismo y no una nómina de compromisos individuales confirmados. En su propio relevamiento, LA NACION ubicaba en 31 los votos que el Gobierno tenía encaminados antes de la definición del PRO. Con el anuncio de ese espacio, que confirmó su acompañamiento a la suspensión de las PASO, el número de apoyos previstos pasó a 34, todavía por debajo de los 37 necesarios para obtener la media sanción en el Senado.

La discusión no se limita a la continuidad de las primarias. Uno de los principales puntos de negociación es la posibilidad de incorporar listas colectoras, también denominadas listas de adhesión. El mecanismo permitiría que distintas listas legislativas acompañen una misma candidatura presidencial, una alternativa reclamada por gobernadores aliados que buscan preservar autonomía para sus armados provinciales.

La incorporación de esta herramienta generó diferencias dentro del propio oficialismo y entre sus potenciales aliados. La Casa Rosada necesita conseguir respaldo tanto para suspender las PASO como para mantener las colectoras en el proyecto. No está garantizado que los senadores dispuestos a acompañar uno de esos puntos acepten necesariamente el otro.

La discusión también expone diferencias en la estrategia política del Gobierno. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, había manifestado reparos sobre las listas colectoras. Sin embargo, después de la reunión de la mesa política, el oficialismo buscó transmitir que la senadora acompañará la iniciativa y conducirá el debate parlamentario.

Otro de los aspectos en negociación está vinculado con las modificaciones al financiamiento de los partidos políticos, la publicidad electoral y los límites al financiamiento privado. El Gobierno trabaja sobre un borrador que todavía no terminó de circular entre todos los bloques, una situación que también generó cuestionamientos entre legisladores aliados.

La estrategia de Santilli consiste en concentrar las conversaciones con los gobernadores y trasladar esos acuerdos a sus representantes en el Senado. Entre los nombres que todavía generan interrogantes aparecen el radical catamarqueño Flavio Fama, la jujeña Carolina Moisés y la cordobesa Alejandra Vigo. Sus definiciones pueden resultar determinantes para que el oficialismo alcance las mayorías necesarias.

La reforma electoral constituye una pieza importante de la estrategia de Javier Milei de cara a 2027. La suspensión de las primarias modificaría el escenario de competencia interna de los partidos y obligaría a las distintas fuerzas políticas a reorganizar sus mecanismos de selección de candidaturas. Para el oficialismo, además, eliminar esa instancia permitiría reducir los costos electorales y evitar una competencia interna obligatoria antes de las elecciones generales.

Pero la discusión tiene una dimensión política más profunda. La modificación de las reglas electorales puede incidir sobre la capacidad de los gobernadores para negociar alianzas, la organización de las fuerzas provinciales y la estrategia de los principales espacios nacionales. Por eso, las colectoras se convirtieron en una pieza central de la negociación.

El cronograma que maneja el Gobierno apunta al jueves 26 de noviembre para llevar el proyecto al recinto del Senado. Antes deberá conseguir el dictamen y cerrar los acuerdos necesarios para alcanzar los 37 votos que requiere la media sanción. El período ordinario de sesiones finaliza el 30 de noviembre, por lo que los tiempos parlamentarios también presionan sobre las negociaciones.

Por ahora, la Casa Rosada exhibe un conteo optimista y promete tener los votos. Pero el primer examen legislativo dejó una señal diferente: sin consenso sobre el texto y sin las firmas necesarias en comisión, la reforma electoral todavía depende de una negociación abierta.

El Gobierno quiere cambiar las reglas de la competencia política para 2027. El desafío inmediato, sin embargo, es conseguir que sus potenciales aliados acompañen esa decisión en el Congreso.