La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención.
El proyecto de reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
La aprobación fue leída por el Gobierno como el cumplimiento de un compromiso asumido con gobernadores de provincias cordilleranas que reclaman una normativa “más dinámica” para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos.
En el recinto celebraron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
La iniciativa introduce una distinción entre las “formas periglaciares” que cumplen funciones de reservas estratégicas de recursos hídricosy aquellas que no tienen una función hídrica comprobable. Bajo este nuevo criterio, solo quedarían estrictamente protegidas las formaciones con valor hídrico fehaciente, mientras que en otras áreas podrían habilitarse actividades económicas.
Se mantiene la prohibición absoluta para el desarrollo de actividades económicas en los glaciares propiamente dichos. También continúan vedadas las acciones que alteren de modo relevante su condición natural, como la liberación de sustancias contaminantes, obras de infraestructura, exploración o explotación minera e hidrocarburífera en esas zonas específicas.
Entre las actividades permitidas se contemplan investigaciones científicas, tareas de rescate y deportes no motorizados como andinismo y escalada.
Con la media sanción ya otorgada, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde se anticipa un nuevo capítulo de un debate que combina ambiente, federalismo, inversión y modelo de país.

