El máximo tribunal envió al Consejo de la Magistratura un proyecto normativo para modificar el sistema de concursos nacionales y federales.

La Corte Suprema de la Nación aprobó un Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados. El mismo pretende reorganizar la estructura de los concursos para las ternas de jueces, que se llevan a cabo en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Lo hizo mediante una acordada firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Será discutido por el Consejo de la Magistratura

La reforma impulsada busca acotar el margen de arbitrariedad política en las ternas para magistrados, justo cuando el Consejo de la Magistratura atraviesa una reconfiguración de fuerzas con un protagonismo creciente de La Libertad Avanza.

Bajo este nuevo esquema, la clave de la selección se trasladará a la elaboración de los exámenes, la rigurosidad de los puntajes y la administración técnica de los concursos.

Las modificaciones buscan garantizar que el mérito y la idoneidad sean los factores centrales en la selección de magistrados.

Se propone reducir los márgenes de discrecionalidad, fortalecer la evaluación de antecedentes priorizando el rendimiento académico y el mérito efectivo por sobre la mera trayectoria burocrática, asegurar el anonimato en las pruebas de oposición e introducir reglas más claras y previsibles para las entrevistas personales.

La decisión de la Corte se produce en momentos que, en paralelo, el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en marcha una estrategia acelerada para cubrir más de 200 vacantes en la justicia federal, enviando las primeras tandas de pliegos al Senado.

En la acordada la Corte explica:

“Se advierte la necesidad de perfeccionar determinados procedimientos con el objetivo de reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema, y de reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad, en resguardo de la eficiencia y legitimidad del funcionamiento del Poder Judicial”.

Asimismo, al justificar la reforma en base a la experiencia acumulada, se marca la principal deficiencia detectada: “La etapa de evaluación de antecedentes premia en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real, por lo que es preciso regular dicha etapa mediante pautas objetivas y uniformes que aseguren el acceso a los cargos de los candidatos más meritorios”.

Finalmente, el texto señala la meta institucional del nuevo modelo: “La exigencia de que el proceso de selección de magistrados se desarrolle con los más altos estándares de objetividad, transparencia y previsibilidad,constituye una condición indispensable para resguardar el principio de igualdad ante la ley y la garantía del debido proceso de quienes participan en los concursos, así como para evitar que tales procedimientos desalienten la participación de profesionales idóneos, con el consiguiente menoscabo del prestigio de la magistratura y de la confianza pública en la integridad del Poder Judicial”.