Habló sobre los contratos de grúas.

“Después de analizar exhaustivamente con el equipo el contrato del servicio de grúas y acarreo, tomé la decisión de cancelar el proceso licitatorio. El servicio seguirá a cargo de la Ciudad por menos de la mitad del precio estipulado en ese contrato”, anunció este lunes a traves de su cuenta de Twitter, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Y agregó: “El contexto actual nos exige cuidar cada peso de los contribuyentes de la Ciudad. Continuaremos evaluando a futuro la mejor forma de contratación para la optimización de este servicio”.

En 2022, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, se interrumpió la operación de las empresas SEC y STO, las cuales se encontraban trabajando con prórrogas de los contratos vencidos desde 2001, y el sistema de acarreo pasó a estar a cargo de la Ciudad”.

La polémica también se desató considerando que dichas compañías pagaban un canon irrisorio de $ 55.000 mensuales mientras que acumulaban reclamos por acarreos injustificados, maltrato a los vehículos remolcados e incluso denuncias por exceso de velocidad.

En consecuencia, hace un año y 8 meses inició el proceso de licitación para reasignar la concesión del servicio. Si bien la preadjudicación ya tiene dictamen desde diciembre de 2023, a cambio de 57 mil millones de pesos por diez años, el proceso aún no presentó avances.

En 2022, durante el larretismo se estatizó el sistema de acarreo y 500 trabajadores que respondían a los Moyano en las empresas Dakota y BRD cobraron indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos y pasaron a trabajar en la órbita de SBASE, sociedad del Estado porteño que administra los subtes, mientras la operación del servicio quedó en manos de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima).

Luego, en diciembre de 2023, se produjo la preadjudicación del servicio que el gobierno porteño está revisando: hay tres empresas que quedaron en la recta final en un negocio de 57 mil millones de pesos por 10 años de contrato. Una de las compañías, Ashira-Ecoba SA, está sospechada de tener vínculos con el Sindicato de Camioneros, lo cual explicaría, según funcionarios de la Ciudad, la reacción actual de los Moyano en un área sin conflictos como la de recolección de residuos.

El problema por el sistema de acarreo comenzó hace dos años cuando el gobierno porteño impulsó la estatización del servicio, en medio de una situación irregular porque las dos empresas que se encargaban de las grúas, Dakota y BRD, tenían la concesión vencida hacía 20 años y sólo pagaban $55.000 de canon mensual, aunque recaudaban millones de pesos por día, según reveló una investigación publicada en Infobae que realizaron Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli.

Ante la estatización promovida por el gobierno porteño, el Sindicato Camioneros amagó con declararle la guerra al gobierno de Larreta por “querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89″.

La presión surtió efecto: en septiembre de 2022, el gobierno de CABA firmó el acuerdo con el Sindicato de Camioneros al establecer que los 500 trabajadores que realizaban los trabajos de grúas para las empresas Dakota y BRD pasarían a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño que administra los subtes, donde mantendrían el convenio de Camioneros hasta que pasen a la empresa que gane la licitación para encargarse de este servicio.

La paz alcanzada tuvo un costo adicional: cada uno de los 500 empleados cobró una indemnización de hasta 4 millones de pesos en concepto de la llamada “Ley Moyano”, una modalidad que no está contemplada en la legislación, pero que el Sindicato de Camioneros viene consiguiendo desde 1998 sobre la base de su poder de fuego: que una empresa que ganó una concesión de servicios o que cambió de accionistas despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.