La normativa apunta a dar mayor previsibilidad y fomentar el uso del ahorro.

El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de incentivar la formalización de activos que puedan inyectarse a la economía dejando atrás sanciones.

La reglamentación definió la letra chica de la ley con la que el ministro Caputo pretende dar seguridad jurídica a los argentinos para que saquen los dólares del colchón, los cuales se estima suman USD 170 mil millones, que ayudarían a la reactivación de la actividad, clave en la actual fase del programa económico.

Uno de los pilares del nuevo marco es el Régimen Simplificado de Ganancias, que permitirá tributar sin que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) requiera explicaciones sobre el patrimonio o los gastos personales. El foco estará puesto en la facturación futura, lo que habilita a regularizar ahorros previamente fuera del sistema y utilizarlos sin restricciones para consumo, inversión o financiamiento.

Fue el ministro Caputo quien afirmó la semana pasada que la Ley de Inocencia Fiscal es un “atajo enorme” para una reactivación más rápida de la economía. 

“Los datos del Banco Central dicen que hay USD 170 mil millones debajo del colchón de los argentinos y los depósitos del sector privado son USD 67 mil millones, hay casi tres veces el nivel de depósitos que hay en el sector privado en los colchones. Imaginate si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero, ni te digo todo, la mitad de eso, los problemas de la Argentina se solucionarían”, sostuvo en conversación con Radio Mitre.

La evasión deja de ser un delito penal automático y pasa a resolverse mediante el pago de las obligaciones adeudadas tras la notificación correspondiente.

“Todos eran delincuentes, menos los verdaderos criminales. A vos te perseguían por cuidar lo tuyo. La Ley de Inocencia Fiscal le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”, señalan.

También se ampliaron de manera sustancial los montos a partir de los cuales las entidades financieras deben informar depósitos y transacciones a ARCA, con un umbral mensual de hasta $10 millones o su equivalente en dólares.