La sesión especial fue convocada para este miércoles a las 12. La oposición consiguió los números para abrir el recinto y buscará emplazar a las comisiones para acelerar el tratamiento de los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. La Libertad Avanza, que intentó evitar el quórum, finalmente decidió bajar al recinto.

La pulseada por la agenda legislativa volvió a poner a prueba la capacidad del Gobierno para construir mayorías en la Cámara de Diputados.

La oposición consiguió reunir los apoyos necesarios para garantizar el quórum y avanzar este miércoles con una sesión especial en la que buscará imponer plazos para el tratamiento de proyectos vinculados con el endeudamiento y la morosidad de las familias y con la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad.

La sesión fue convocada oficialmente para las 12. El temario incluye el proyecto que propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad, además de iniciativas vinculadas con la inembargabilidad de las cuentas sueldo, las comisiones de las tarjetas de crédito y otras propuestas relacionadas con el endeudamiento.

Para abrir una sesión en la Cámara baja se necesitan 129 diputados. El poroteo realizado durante las últimas horas mostró que la oposición podía superar ese número. Infobae contabilizó al menos 134 posibles presentes, con participación de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el MID y distintos bloques y monobloques provinciales.

La novedad política está en que parte de los legisladores que durante distintos momentos de la gestión de Javier Milei acompañaron iniciativas oficiales o mantuvieron una posición negociadora decidieron participar de esta sesión. Entre los espacios mencionados aparecen Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, Primero San Luis y La Neuquinidad, además de algunos diputados del PRO, el MID y monobloques.

Eso no significa que esos bloques hayan pasado a integrar la oposición ni que exista una nueva mayoría parlamentaria permanente contra el Gobierno. El dato concreto es más acotado, pero políticamente relevante: en una discusión sensible para la Casa Rosada, varios sectores que suelen dialogar con el oficialismo decidieron garantizar su presencia en el recinto.

La Libertad Avanza había intentado inicialmente desactivar la sesión. El objetivo era evitar que la oposición alcanzara los 129 presentes necesarios para abrir el debate y, de esa manera, impedir que pudiera avanzar con los emplazamientos a las comisiones.

Pero durante la tarde del martes el escenario cambió. Frente a la certeza de que la oposición estaba en condiciones de reunir el quórum, el oficialismo resolvió modificar su estrategia y anunció que sus diputados se sentarán en sus bancas. La decisión busca evitar que la jornada quede planteada como una derrota política en la apertura del recinto y, al mismo tiempo, disputar dentro de la Cámara el contenido y los tiempos del debate.

El punto central de la sesión no será convertir automáticamente en ley los proyectos sobre morosidad o discapacidad. Lo que la oposición pretende es emplazar a las comisiones, es decir, establecerles un plazo para que analicen las iniciativas y produzcan los dictámenes correspondientes.

En materia de endeudamiento familiar existen alrededor de 50 proyectos presentados por distintos bloques. Las propuestas son diversas e incluyen mecanismos de refinanciación, planes de pago, límites a determinados intereses y otras alternativas para aliviar la situación de los hogares endeudados. Por ahora, los distintos sectores todavía tienen que unificar esas iniciativas en un texto que pueda avanzar legislativamente.

En discapacidad, la oposición busca acelerar el tratamiento de la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad, que vence a fin de año. El proyecto incorporado al temario oficial propone extenderla hasta el 31 de diciembre de 2027.

El Gobierno, por su parte, ya había comenzado a trabajar en las comisiones sobre estos temas. Según La Nación, el oficialismo había establecido un cronograma propio para intentar dictaminar el proyecto de discapacidad el 23 de septiembre y los proyectos de endeudamiento y morosidad el 30 de septiembre. Parte de la oposición desconfía de ese esquema y considera que podría demorar el debate.

Por eso, la disputa de este miércoles no se limita al contenido de los proyectos. También es una discusión sobre quién fija los tiempos del Congreso.

El Gobierno consiguió durante distintos momentos de su gestión acuerdos con sectores provinciales y bloques dialoguistas para aprobar iniciativas centrales. Pero el episodio de esta semana vuelve a mostrar que esas alianzas no son automáticas y que los gobernadores y sus representantes parlamentarios conservan margen para diferenciarse de la Casa Rosada cuando consideran que un tema puede tener impacto directo en sus provincias.

La imagen política de la jornada, entonces, tiene dos movimientos simultáneos.

Por un lado, una oposición que logró reunir los votos necesarios para abrir una sesión que el oficialismo intentó evitar.

Por el otro, un Gobierno que, al comprobar que no podía impedir el quórum, decidió cambiar de estrategia y participar del debate.

La batalla ahora se traslada al recinto.

Porque conseguir el quórum es apenas el primer paso. Después habrá que ver qué emplazamientos consiguen aprobarse, qué plazos quedan establecidos y, sobre todo, si los bloques que hoy coinciden en abrir la discusión logran construir una mayoría para avanzar con una propuesta concreta.

La señal política, en cualquier caso, ya está dada: en Diputados, el Gobierno no puede contar de antemano con el acompañamiento de todos los sectores que alguna vez funcionaron como aliados. Y la oposición encontró en esa autonomía una herramienta para volver a disputar la agenda parlamentaria.