El proyecto del Ejecutivo busca eliminar las primarias, habilitar el financiamiento 100% privado de las campañas y prohibir candidaturas de condenados por corrupción. El Gobierno apuesta al “ahorro fiscal” y la “transparencia” como ejes para presionar a la oposición.

El escrito entrará por la Cámara de Senadores, donde el bloque de La Libertad Avanza buscará alianzas con los gobernadores. Después, en caso de aprobarse, la disputa legislativa pasará a Diputados, un lugar que tiene números más cercanos al quórum que necesita el Ejecutivo.

Los cuatro pilares de la reforma:

1. Eliminación de las PASO El proyecto deroga la obligatoriedad de las primarias. Los partidos volverán a elegir a sus candidatos mediante elecciones internas financiadas por sus propios afiliados o acuerdos de cúpula. El Estado dejará de costear la impresión de boletas y la logística de esta instancia, apuntando a un ahorro de más de 50.000 millones de pesos.

2. Implementación de “Ficha Limpia” Este es uno de los puntos con mayor impacto político. La reforma prohíbe que ciudadanos con condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción, contra la administración pública o contra la integridad sexual puedan postularse a cargos electivos nacionales. Este punto apunta directamente a evitar candidaturas de figuras con procesos judiciales avanzados.

3. Financiamiento 100% Privado El Ejecutivo propone liberalizar los aportes a las campañas.

  • Se eliminan los topes máximos de donaciones por parte de privados (empresas y particulares).
  • El Estado deja de otorgar fondos públicos para el desenvolvimiento partidario fuera de los periodos electorales.
  • Se busca que cada fuerza política se autosustente, bajo el argumento de que “los ciudadanos no deben financiar ideologías que no comparten”.

4. Sistema de Circunscripciones Uninominales Se propone dividir las provincias en distritos pequeños donde se elija a un solo diputado por zona. El objetivo es que el votante conozca directamente a su representante y eliminar la “lista sábana”, aunque la oposición advierte que esto podría perjudicar la representación de las minorías en el Congreso.