Los gremios universitarios realizan este miércoles un paro nacional de 24 horas en reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley 27.795. La medida se da en medio de una disputa con el Gobierno por los recursos destinados a las universidades y después de que la Corte Suprema dejara firme una cautelar que ordena cumplir dos artículos de la norma.

Docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales realizan este miércoles 12 de agosto un nuevo paro de 24 horas, convocado en el marco del plan de lucha que llevan adelante por la situación salarial y el financiamiento de las casas de altos estudios. El reclamo incluye la recomposición de los salarios y el cumplimiento de la Ley 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La medida fue convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y alcanza a docentes y no docentes. Sin embargo, la adhesión no es uniforme en todas las instituciones: la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, informó que sus facultades permanecerían abiertas durante la jornada, aunque esto no implica que todos sus docentes desarrollen actividades normalmente.

Uno de los principales ejes del conflicto es la situación salarial. Los gremios reclaman una recomposición frente al deterioro de los ingresos de docentes y no docentes y cuestionan que las actualizaciones otorgadas por el Gobierno no compensaron la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

El otro punto central es la aplicación de la Ley 27.795. La norma fue sancionada por el Congreso en 2025 después de que ambas cámaras insistieran frente al veto presidencial y posteriormente fue promulgada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 759/2025.

La situación jurídica de la ley tuvo distintas etapas. En octubre de 2025, al promulgarla, el Gobierno dispuso que su ejecución quedara suspendida hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas presupuestarias necesarias.

Posteriormente, la Justicia dictó una medida cautelar que ordenó al Estado cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados con la actualización de los salarios docentes y no docentes y con la recomposición de determinados programas destinados a estudiantes.

En junio de 2026, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado contra esa medida cautelar. De esta manera, quedó firme la decisión judicial que ordena la aplicación de esos dos artículos mientras continúa la discusión de fondo.

El conflicto, por lo tanto, ya no se limita a una discusión política entre el Gobierno y los gremios: existe también una controversia judicial sobre el cumplimiento de la normativa sancionada por el Congreso.

El Gobierno, en tanto, sostiene que no existe un incumplimiento de su parte y cuestionó el paro. El Ministerio de Capital Humano convocó a los representantes gremiales a una nueva reunión paritaria para el 1° de septiembre, con el objetivo de continuar la negociación salarial.

Los sindicatos consideran insuficiente la respuesta oficial y resolvieron mantener el plan de lucha. El paro de este miércoles vuelve así a colocar a las universidades nacionales en el centro de la agenda política, con tres cuestiones entrelazadas: la evolución de los salarios, el financiamiento del sistema universitario y el cumplimiento de las decisiones judiciales vinculadas con la Ley 27.795.

El conflicto continuará en las próximas semanas, con la negociación paritaria prevista para septiembre y con el reclamo de las organizaciones universitarias para que el Gobierno cumpla con las disposiciones de la ley y con las resoluciones judiciales vigentes.