La candidatura pasó por consulta pública sin recibir objeciones y el nombramiento tiene carácter ad honorem.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la designación de Leandro Ernesto Halperin como titular de la Dirección General del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social porteño. Lo hizo a través del Decreto N° 370-26, firmado por el jefe de Gobierno y refrendado por el ministro de Justicia y por el jefe de Gabinete de Ministros, con efecto desde el 26 de octubre de 2026.

Un dato que llama la atención es que el cargo será ejercido de manera ad honorem, es decir, sin remuneración. Así lo propuso el Ministerio de Justicia, que elevó el nombre de Halperin para conducir un área clave dentro del esquema de seguridad de la Ciudad.

El Servicio Penitenciario y de Reintegración Social fue creado por la Ley 6.923 como un organismo civil, desconcentrado, especializado y jerarquizado, auxiliar del Poder Judicial e integrante del Sistema Integral de Seguridad Pública. Depende del jefe de Gobierno a través del Ministerio de Justicia, y su Dirección General es la dependencia que lleva adelante la conducción diaria del organismo.

Según la propia ley, el titular de esa Dirección General tiene a su cargo la dirección, la conducción, la planificación, la coordinación general y la administración operativa del Servicio. También establece que ese puesto debe ser ocupado por alguien designado por el jefe de Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia, y que antes de la designación el nombre y los antecedentes del candidato deben pasar por un proceso de publicación y evaluación.

Ese procedimiento se cumplió: los datos de Halperin estuvieron diez días hábiles publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el sitio web oficial del Gobierno porteño, para que vecinos y organizaciones de la sociedad civil pudieran presentar observaciones. Vencido el plazo, no llegó ninguna presentación, según consta en los considerandos del decreto.

El expediente también consigna que el designado es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y que acredita la formación, idoneidad, experiencia y capacidad de gestión que exige la normativa para el cargo. Con la firma del decreto, el nombramiento quedó formalizado y ahora resta su publicación en el Boletín Oficial y las notificaciones de rigor a las áreas de Recursos Humanos, Hacienda, Acceso a la Información e Integridad Pública.